Reos de nuevo ingreso y personas privadas de la libertad (PPL) en el Centro Preventivo y de Readaptación Social «Juan Fernández Albarrán», conocido como el penal de Barrientos, enfrentan condiciones de estancia inhumanas agravadas por una sobrepoblación del 285 por ciento. De acuerdo con testimonios de familiares, internos y exinternos del recinto penitenciario, los reclusos recién ingresados permanecen hasta un mes pernoctando en los pasillos e inmediaciones de los sanitarios —en ocasiones sentados debido a la falta de espacio—, donde son sometidos a maltratos físicos y asignación de labores de limpieza obligatorias.
Familiares de los internos denunciaron la existencia de un esquema de extorsión y cobros indebidos al interior de la penitenciaría para acceder a servicios básicos y espacios de descanso, entre los que destacan los siguientes rubros:
- Asignación de dormitorios: Cobros que van de los 12 mil a los 20 mil pesos para trasladar a los reos desde los pasillos hacia las áreas de celdas.
- Uso de planchas de concreto («cantón»): Cuotas semanales de entre 300 y 800 pesos para conservar el espacio de cama.
- Actividades cotidianas e insumos: Cobros de 20 pesos por llamadas telefónicas o acceso al patio, además de cobros adicionales por la introducción de alimentos preparados por la familia o la compra de productos de higiene.
Asimismo, los testimonios alertaron sobre la distribución de alimentos en mal estado y un severo rezago en la atención médica que ha derivado en brotes de chinches, dermatosis e infecciones entre la población penitenciaria. Ante la lentitud de los trámites institucionales para autorizar el ingreso de insumos desde el exterior, los familiares se ven obligados a costear medicamentos y consultas a precios elevados dentro del penal, afectando de manera crítica a los reos que no cuentan con redes de apoyo económico.
