Por: Alfredo Oropeza
A diferencia de los gobiernos progresistas de otros países –que una vez que concluyeron la vacunación contra el Covid-19 hacia la población mayor de edad, han valorado aplicar una tercera dosis de refuerzo para la misma y considerar el inicio de la vacunación a la población menor de 18 años–, el Gobierno de 4ta. busca evadir toda responsabilidad para garantizar la inoculación de la población con edad de entre 12 y 17 años.
Lo anterior, se confirma tras la impugnación presentada por la Secretaría de Salud, a nombre del presidente López Obrador, el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario López-Gatell, en contra de la resolución de la Juez Séptimo de Distrito, Claudia Gámez Galindo, quien concedió una suspensión definitiva, tras el amparo que promovieron los padres de una adolescente de 15 años, para que la menor pueda ser inmunizada contra el coronavirus.
Dicha resolución propinaba un revés al plan de vacunación de los López (Obrador y Gatell), quienes sólo pretendían invertir y aplicar las vacunas a la población mayor de edad, dado que la orden tiene efectos generales en favor del resto de la población de entre los 12 y 17 años. “Se hace hincapié en que los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la menor quejosa, sino a todas las y los menores de 18 años”, determinó la resolución de la Juez Séptimo de Distrito, en el Estado de México.
La resolución establece que si bien es prioritaria la vacunación contra la covid-19 en los niños que padecen alguna enfermedad preexistente, los menores que se consideran sanos no están exentos de contagiarse del virus “lo que les puede ocasionar graves daños a su salud o incluso perder la vida”.
El juzgado estableció que, una vez analizado el caso particular de la quejosa de 15 años, ella y el resto de los adolescentes, son vulnerables de padecer las complicaciones de la variante Delta, que es una variante caracterizada por tener una mayor transmisibilidad y que afecta también a grupos poblacionales más jóvenes, incluyendo adolescentes y niños en proporciones más elevadas que las otras variantes”, argumentó Gámez Galindo en su resolución.
No obstante, la resolución judicial y la demanda de miles de padres de familia que exigen la vacunación de sus hijos menores de edad, López Obrador busca esquivar mezquinamente y a toda costa la orden que dictó el juzgado federal, de abrir la vacunación contra la covid-19 a menores de 12 a 17 años, sin importar su estado de salud.
Este lunes se dio a conocer que la Secretaría de Salud presentó un recurso de revisión contra la orden judicial, emitida el pasado 7 de octubre. Tanto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como su subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya habían adelantado que impugnarían la orden del juzgado por considerar que fue “excesiva”.
Con la impugnación a la resolución ingresada, el gobierno de 4Ta. busca suspender la medida de incluir en el Plan Nacional de Vacunación a este grupo de población, para no incurrir en incumplimiento a la medida cautelar dictada por el poder judicial.
Lamentablemente, en México la inmunización para la población de menor de edad, que debería estar garantizada por ser un derecho, está atorada en batallas legales vía amparos, gestiones empresariales y viajes a EE.UU., para vacunar a los adolescentes.
Para la gran mayoría de padres de familia, que no cuentan con los medios para viajar a Estados Unidos, para inmunizar a sus hijos, la única alternativa es esperar la sensibilización y entrada en razón de un gobernante segado en soberbia y montado en su macho. Mientras tanto, la preocupación de los padres no es menor, pues hasta la fecha se han contagiado 80,376 menores y han muerto 777 niños a causa de la enfermedad, según los datos oficiales del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Es en gobernante muy nefasto