Silencio que mata: 168 abogados asesinados, y el Estado de derecho en riesgo
Desde 2020, al menos 168 abogados y abogadas han sido asesinados en México. No se trata solo de cifras: son nombres, historias, despachos que cerraron y familias que quedaron esperando justicia. Es un reflejo de lo que ocurre cuando ejercer el derecho se convierte en un acto de valor.
Tan solo en 2024 se registraron 18 homicidios, y en los primeros siete meses de 2025 la cifra ya alcanza 33 casos, de acuerdo con datos recopilados por El Universal. Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Chihuahua concentran buena parte de estos crímenes. En muchas de esas entidades, defender a una persona o denunciar una injusticia equivale a exponerse al peligro.
Lo más alarmante no es solo la violencia, sino el silencio que la rodea. Dentro del gremio persiste el miedo a hablar, a denunciar o a pedir ayuda. Muchos abogados optan por no dar entrevistas, por evitar casos delicados o incluso por abandonar el litigio. Y no lo hacen por desinterés, sino por sobrevivir.
Las víctimas suelen ser defensores penalistas, abogados de derechos humanos o litigantes que incomodan al poder. Los agresores no siempre provienen del crimen organizado; a veces, los ataques nacen de intereses políticos, económicos o institucionales que no toleran ser confrontados.
Y mientras tanto, el Estado guarda silencio. Para periodistas, activistas, jueces o defensores de derechos humanos existen mecanismos de protección, alertas, protocolos y acompañamiento. Pero para los abogados litigantes, no hay nada. Ninguna política pública que los reconozca como personas en riesgo, ningún programa que los ampare cuando son amenazados o agredidos por ejercer su labor.
Esa omisión es peligrosa. Porque cuando un abogado teme por su vida, la defensa se debilita, la justicia se distorsiona y la sociedad pierde uno de sus pilares fundamentales. El miedo de un abogado termina siendo el miedo de todos: el miedo a quedarse sin voz, sin defensa y sin Estado de derecho.
No se trata de pedir un trato especial, sino de exigir condiciones mínimas para ejercer la abogacía con seguridad y dignidad. Un país que permite que sus abogados sean asesinados sin consecuencia, es un país que se resigna a la impunidad.
Cada colega asesinado no solo representa una vida perdida: representa un golpe al sistema de justicia, una advertencia de que la ley puede ser callada a balazos.Y si el país se acostumbra a eso, entonces ya no habrá nada que defender.
