Sheinbaum y la reforma al amparo: ¿escudo o bozal?
Hablando Derecho, por Eduardo Avalos
El juicio de amparo es, quizá, el invento jurídico más valioso de México. Ha sido el escudo que protege a cualquier persona frente a los abusos del poder: desde frenar un cobro injusto de impuestos hasta detener obras que ponen en riesgo comunidades enteras.
Hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum propone cambiar las reglas del amparo. A primera vista, la iniciativa parece positiva: juicios más rápidos, digitalizados y con plazos fijos para que los jueces resuelvan. En un sistema de justicia lento y burocrático, eso suena como una bocanada de aire fresco.
Pero la otra cara de la moneda preocupa. La reforma limita las suspensiones —ese “alto en seco” que protege a la persona mientras el juez analiza el caso— cuando se considere que el asunto afecta al “interés social” o al “orden público”. Con esa fórmula, muchas autoridades podrían ejecutar actos sin freno inmediato, aunque después resulten ilegales.
Además, se endurecen los requisitos para poder presentar un amparo: la persona deberá demostrar que la afectación es “real, actual y diferenciada”. Esto puede cerrar la puerta a colectivos, organizaciones civiles o ciudadanos que, sin ser los directamente afectados, buscan defender causas de interés común como el medio ambiente o la transparencia.
Es justo reconocer lo bueno: un amparo más ágil, menos papel, más tecnología y menos espera. Pero también hay que señalar el riesgo: que el amparo se convierta en un bozal en lugar de un escudo, un trámite rápido pero debilitado, donde la balanza se incline a favor de la autoridad.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿queremos un amparo que sirva para modernizar al sistema, o uno que siga cumpliendo su misión histórica de ser el gran contrapeso del poder? Porque un amparo sin fuerza deja de ser justicia y se convierte en simulación.
