Por Alfredo Oropeza
Empresas fantasma, direcciones falsas, una tienda de tlapalería, un negocio de inflables y compañías investigadas por desvío de recursos, son las irregularidades detectadas por “Latinus”, en los contratos del Ejército en Santa Lucía.
Tras una revisión de 966 contratos realizados para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se encontraron empresas de dudosa procedencia e, incluso, empresas no dedicadas a la construcción, como los beneficiarios de los contratos millonarios.
La investigación presentada, detalla la revisión de contratos que la Secretaría de la Defensa Nacional ha entregado entre 2019 y 2021, en los cuales se encontró que en la obra insignia de López Obrador participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos.
Resulta que un negocio de renta de juegos inflables es proveedor de tractocamiones y su domicilio es inexistente. Por otro lado, una pequeña tlapalería de Tacuba recibió contratos por 77 millones de pesos, la cual suministró medio millón de piezas: cisternas, material hidráulico y mangueras.
Una compañía recibió ocho contratos dos semanas después de ser investigada por desviar 29 millones de pesos, en caminos que nunca hizo. Mientras que Otra empresa rentó maquinaria pesada por 19 millones de pesos en contratos, en cuya dirección que puso como sede, no hay rastro de oficinas, ni del dueño, que es un policía municipal.
Los contratos, que llevan el sello del actual Gobierno federal, se otorgaron sin licitación. 7 de cada 10 contratos fueron por adjudicación directa, y los otros 3 se dieron invitando sólo a tres personas.
En lo que va de este sexenio, López Obrador decidió convertir al Ejército en el mayor negocio del país y lo ha puesto (convenientemente) vulnerable ante el poder corruptor del dinero. Ahogados en contratos y en tareas, esta investigación exhibe a los militares cayendo en las peores prácticas corruptas, que tanto criticó el presidente de sexenios pasados.
El Ejército es ahora la constructora más próspera del país. Ninguno de los grandes consorcios constructores tiene actualmente tanta obra como las fuerzas armadas: el aeropuerto de Santa Lucía, más otros cuatro aeropuertos más, un tramo del tren maya, las dos mil sucursales del Banco del Bienestar, la remodelación o ampliación de hospitales y la lista parece interminable, el dinero fluye sin pausa ni control y la complicidad
Presidencia-Ejército crece de manera preocupante.
Mientras tanto, el proyecto caprichoso de López Obrador se percibe inviable y afloran las desventajas de utilizar Santa Lucía como destino de vuelos comerciales.
La operación simultánea de los aeropuertos de la CDMX y el de Santa Lucía, incrementa el riesgo de coalición entre aviones y pudiera generar demoras en las operaciones de aterrizaje, al saturar el espacio aéreo y reducir la seguridad en las aproximaciones a la Ciudad de México.
Según análisis de Reforma, con las actuales vías de comunicación, el traslado del aeropuerto de la CDMX a Santa Lucia toma alrededor de dos horas y cuesta cerca de 1,000 pesos en Uber. Del Aeropuerto de la CDMX al que sería el Aeropuerto de Texcoco, un taxi tardaría 21 minutos y cobraría menos de 200 pesos.
Las puertas y módulos de registro de pasajeros serán 14 en Santa Lucía, mientras que el de Texcoco contemplaba 120. En el actual aeropuerto de la CDMX hay 74 módulos.
El Gobierno de 4Ta. calculó la cancelación de Texcoco en 100 mil millones de pesos, en 2019. En 2021 la Auditoria Superior de la Federación la estimó en 332 mil millones. En números reales, la cancelación de Texcoco, más la construcción de Santa Lucía y las ampliaciones en los aeropuertos de Toluca y CDMX, sumarán 404.6 mil millones de pesos, dos veces el costo de lo que hubiera significado la construcción del Aeropuerto de Texcoco.
Con los caprichos y ocurrencias de López Obrador, los barateros salen el doble de caro y más corruptos.
