La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso en contra de 26 sujetos implicados en una sofisticada red delictiva de simulación de plazas laborales que operaba al menos desde el año 2021. A los detenidos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario de «Santiaguito», ubicado en Almoloya de Juárez, por su probable participación en los delitos de fraude y abuso de autoridad. La investigación penal abarca a un total de 33 personas, entre las que destacan ex subsecretarios, directores generales, delegados administrativos, personal operativo en activo y civiles, quienes coordinaban un esquema para cobrar nóminas públicas sin desempeñar función alguna. El caso se originó a partir de una serie de denuncias presentadas a inicios de 2026 por el representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI), tras detectar 459 movimientos irregulares de alta de personal docente bajo el esquema de «aviadores», lo que generó un detrimento patrimonial ilícito superior a los 96 millones de pesos tan solo entre enero de 2025 y febrero de 2026.
Las indagatorias ministeriales, respaldadas por un expediente de 30 tomos y aproximadamente 12 mil fojas, develaron que la organización delictiva operaba mediante la manipulación de las plataformas tecnológicas gubernamentales SIGAP y META 4. Funcionarios de la SECTI y de la Oficialía Mayor intercambiaban claves de acceso personales para dar de alta a falsos docentes y asignarlos intencionalmente a planteles educativos inactivos en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Metepec, Toluca y Zumpango, evitando así ser descubiertos por las vías institucionales. Para ocultar el rastro, los capturistas realizaban los registros durante la madrugada y alternaban sus cuentas mes con mes a cambio de un pago por movimiento. Asimismo, la red utilizaba «reclutadores» para captar a personas de su estricta confianza, principalmente familiares y amigos, a quienes daban de alta para después retener sus tarjetas de nómina; los operadores retiraban los recursos y se quedaban con la mayor parte del dinero, entregando únicamente una mínima contraprestación a los titulares de las cuentas.
Además del desvío masivo de recursos, los mandos de alto rango involucrados se autoasignaron plazas con sueldos estimados en 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían vigentes mediante licencias irregulares con el fin de asegurar ventajas económicas indebidas o efectos jubilatorios futuros. El impacto de la simulación permitió a los implicados mantener un entorno socioeconómico de alta gama con inmuebles de gran plusvalía y viajes suntuosos a destinos internacionales como París, Dubái y Las Vegas, lo cual resultaba completamente incongruente con los ingresos reales de un servidor público. Un antecedente clave integrado a la investigación se remonta a diciembre de 2021, cuando fue detenido un implicado en Toluca en posesión de 164 tarjetas de débito de la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo, evento que sus superiores jerárquicos intentaron justificar con declaraciones falsas y pagarés simulados ante el Ministerio Público, confirmando que la estructura operaba de forma sistemática desde entonces.
El estatus jurídico actual del caso detalla que, además de los 26 sujetos ya vinculados y recluidos, un investigado más tiene pendiente la resolución de su situación legal. Por otra parte, cinco ex servidores y funcionarios en activo —entre ellos Jaime Noé «N», ex Director General de Personal de la Secretaría de Finanzas, y varios subdirectores de la Oficialía Mayor— promovieron juicios de amparo indirecto contra las órdenes de aprehensión que existen en su contra. La Fiscalía General de Justicia estatal también confirmó que dentro de la misma carpeta penal se investiga, bajo el protocolo de homicidio, la muerte de José Daniel «N», un servidor público adscrito a la SECTI que fungía como enlace con la Oficialía Mayor y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio el pasado 2 de abril. Debido a que los actos delictivos se cometieron de manera independiente y en momentos distintos, el Agente del Ministerio Público determinó la existencia de un concurso real homogéneo de delitos, lo que significa que las penas corporales, estimadas originalmente entre 10 y 26 años de prisión, se acumularán individualmente por cada alta irregular que se logre acreditar en el juicio.
