Por Alfredo Oropeza
Con las herramientas de comunicación de hoy, es difícil disculpar a una autoridad de desconocer de actos de corrupción y extorsión cometidos por servidores públicos, en una demarcación municipal.
La indolencia de un gobernante de estar pendiente e informado de los actos y atropellos cometidos por servidores, en contra de la ciudadanía, no es justificable. Sólo evidencia que los responsables del gobierno viven aislados en su burbuja, ajenos a la realidad o indiferentes a los abusos y tropelías que cometen algunos servidores públicos de su administración, en las diferentes localidades del municipio.
Tal caso, es el fenómeno actual de extorsión que están padeciendo los repartidores de productos que transitan todos los días en el municipio y, con ellos, las misceláneas, tienditas o lonjas mercantiles de las diferentes colonias.
Lo preocupante es que la extorsión no se está cometiendo por parte de delincuentes o mal vivientes, sino por la propia autoridad que debería estar procurando la prevención del delito y salvaguardando la integridad, el patrimonio, las actividades de los vecinos y los agentes económicos que desarrollan una actividad comercial, en el municipio.
No son pocas las denuncias y testimonios de vecinos, propietarios de pequeños comercios y trabajadores repartidores, de las empresas que abastecen de productos varios a changarros o tienditas en las comunidades, sobre los actos de abuso de autoridad y extorsión, por parte de malos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.
Tal pareciera que hay “Luz Verde” para hacer de las suyas y extorsionar a quien se deje, con pleno consentimiento o no, de los primeros responsables de la seguridad pública del municipio.
Lo lamentable es que quienes pagan los platos rotos son los propios trabajadores de las unidades repartidoras y los despachadores de los negocios, a los cuales surten, pues son los que tienen que responder y reponer de las mermas de mercancía, que sirven como moneda de cambio a policías que amenazan con remitirlos al Oficial Calificador, por supuestas “faltas administrativas cometidas al Bando Municipal, por sus actividades de carga y descarga de mercancías, sin el permiso requerido”.
Sin duda, un abuso de autoridad sustentado en la distorsión de la norma redactada en el Bando Municipal, que a la letra dice, respecto del TRÁNSITO MUNICIPAL:
Artículo 86. Las maniobras de carga y descarga sólo se podrán realizar en las unidades económicas dentro de los horarios y en los lugares previamente establecidos en la normatividad correspondiente, los que deberán estar debidamente señalados. Dichas maniobras se podrán realizar fuera de los horarios establecidos cuando se obtenga el permiso que para tal efecto expida la Secretaría de Planeación Urbana y Obras Públicas…
Lo que omite aclarar la norma es que las cargas y descargas, es respecto a vehículos de transporte pesado o superior a una unidad de 3 ½ toneladas, que generalmente realizan actividades de distribución en la zona industrial o para centros comerciales y tiendas de conveniencia. La ambigüedad de la norma abre la oportunidad a la mala interpretación de esta, para extorsionar a los operadores de vehículos repartidores que realizan su trabajo en todo el territorio municipal.
Así es, como todos los días trabajadores repartidores de refrescos, golosinas y botanas, productos lácteos, pan y pastelillos, agua embotellada, etc. y dueños de locales comerciales, tienen que lidiar con el abuso de autoridad de elementos de Seguridad Ciudadana, para que les permitan continuar con sus actividades comerciales a cambio de una rejilla de refrescos, una charola de pastelillos, una caja de leche, paquetes de pan, una caja de botanas, rejas de botellas de agua y, en ocasiones, “rayarse con la del puebla”, para no ser remitidos al Oficial Calificador, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento de Naucalpan.
En estos tiempos de depresión económica y falta de oportunidades de empleo, cuando más se necesita un gobierno facilitador de las actividades productivas y económicas, para detonar la circulación del dinero en la economía local y el empleo, tal parece que la autoridad se convierte en el primer obstructor de las actividades comerciales y productivas, en su propia demarcación.
No es de gratis que Naucalpan ocupe el tercer lugar en el índice delictivo de extorsión, con las cifras más altas en los últimos cinco años, según los datos oficiales del Semáforo Delictivo del Estado de México.
Este es un llamado a las autoridades responsables de la seguridad de los naucalpenses, que no se cansan de repetir hasta el cansancio –sin perdonar la burla– de que “el municipio está más seguro que nunca”, para que amarren a sus malos elementos, informen a la población de sus garantías ciudadanas y no permitan más actos de abuso de autoridad en Naucalpan.
